El Diario
Editorial
January 19, 2012
Tres de cada cuatro hispanos de bajos ingresos no tienen derecho a tomar un día de enfermedad para cuidar de sí mismos o de sus hijos sin temor a perder sus trabajos, según un reporte a ser publicado en los próximos días por la Sociedad de Servicios Comunitarios.
El Concejo de la Ciudad tiene el poder para remediar este problema.
Una propuesta legislativa reintroducida ayer en el Concejo traería alivio a estos trabajadores al exigir a sus empleadores a que les permitan tomar un día de enfermedad sin perder su salario o su empleo –un derecho básico que todo trabajador fijo debe tener.
La nueva propuesta –que viene después de un intento fallido en 2010– resuelve inquietudes sobre el impacto económico que tal requerimiento tendría en los negocios pequeños y nuevos. El plan revisado exime a las compañías con menos de cinco empleados, y da un año de gracia a las empresas nuevas. Pero protege a todos los empleados de ser despedidos sólo por no ir al trabajo por motivos de salud.
Porque esta ley ayudaría a neoyorquinos de todas partes de la ciudad –unos 1.5 millones de trabajadores en total, la mayoría de ellos latinos y mujeres con niños– la propuesta podría recibir suficiente apoyo de los miembros del Concejo para convertirse en ley, pero no tiene el respaldo de la presidenta del Concejo Christine Quinn, el cual es necesario para llevar la propuesta a votación.
Quinn ha expresado oposición por razones económicas. Ella dice que costará demasiados empleos.
Pero la evidencia en la ciudad de San Francisco –donde existe una ley similar desde 2007– sugiere que la mayoría de los negocios son perfectamente capaces de absorber este costo. El estado de Connecticut, la ciudad de Seattle, y Washington, D.C., también han adoptado regulaciones similares.
Investigaciones empíricas, entre ellas las del Instituto para la Investigación de Políticas para la Mujer, muestran que el costo de adoptar regulaciones de días de enfermedad es marginal y de hecho puede generar ahorros. Eso es porque los trabajadores que no tienen días de enfermedad tienden a posponer chequeos médicos preventivos y esperar hasta que ya están enfermos para acudir a salas de emergencia, lo cual aumenta el peso financiero para los contribuyentes y pone en riesgo la salud pública.
Por años, El Diario/La Prensa ha documentado casos de latinos que han sido despedidos abruptamente por no haber ido al trabajo por razones de salud, incluso después de haber trabajado por años para el mismo empleador.
Es tiempo de establecer reglas justas en el mercado laboral de la ciudad. Enérgicamente exhortamos a Quinn a que ayude a pasar esta ley.
ENGLISH
Three out of four low income Hispanic workers cannot take a day off to take care of themselves or their children without fear of losing their job, according to an upcoming report by the Community Service Society.
The New York City Council must remedy this problem.
A bill reintroduced yesterday in the Council would give these workers some relief by demanding their employers provide paid sick days –a basic right every worker should have.
The new proposal –which comes after a failed attempt in 2010- addresses concerns about the economic impact the new requirement would have on small and new businesses. The modified bill exempts companies with less than five workers, and gives a one year grace period to newly established companies. It would, however, protect all employees from getting fired for taking a sick day.
Because it impacts New Yorkers from every corner –about 1.5 million workers, most of them Latino and women with children- the bill is likely to receive enough support from council members, but it does not have the backing of the City Council Speaker Christine Quinn, which is necessary to bring the bill to a vote.
Quinn has reportedly opposed the bill on economic grounds. She says it will cost too many jobs.
But evidence from San Francisco –where a similar bill has been into effect since 2007 without fiscal damage- suggests that most businesses are perfectly capable to absorb this cost. The state of Connecticut, the city of Seattle, and Washington, D.C., have recently enacted similar ordinances.
Workers who cannot take a day off sick are more likely to delay preventive care and resort to visiting emergency rooms, which places a tremendous burden on taxpayers and could put public health at risk. On the other hand, empirical research, including compelling data by the Institute for Women’s Policy Research, shows that the estimated cost of adopting a paid sick leave requirement is marginal and could lead to overall savings as workers would address ailments on a more timely basis.
Throughout the years, El Diario La Prensa has documented cases of Latinos who have been abruptly fired for taking a non-paid sick day, even after working for years for the same employer.
It is time to establish fair rules in the city’s workplace. We strongly urge Speaker Quinn to bring this measure to a passing vote.
